Cinco exdirectivos de Novagalicia entran en prisión por el cobro de pensiones millonarias

Más de ocho años después del inicio de la crisis del sector financiero -que ha costado a los contribuyentes 60.718 millones de euros-, los primeros antiguos gestores de una entidad rescatada depurarán en prisión sus responsabilidades, después de que la Audiencia Nacional haya ordenado detener a cinco exdirectivos de Novagalicia que fueron condenados a dos años de prisión en octubre de 2015.

Entonces, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a dos años de prisión a la cúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de 18,9 millones de euros en prejubilaciones. Además de Gayoso, fueron condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.

La sentencia incluyó una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que durase la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos. La Fiscalía había pedido tres años de cárcel. Por su parte, la Audiencia absolvió al exdirector general adjunto ejecutivo de Novagalicia, Javier García de Paredes.

La justicia española establece el ingreso obligatorio en prisión a partir de los dos años, mientras que si la pena es igual o inferior a ese plazo la decisión corresponde a los jueces, y por regla general si el condenado no tiene antecedentes suele librarse. Sin embargo, en este caso el tribunal ha decidido rechazar esta suspensión, por lo que los cinco exdirectivos se convierten en los primeros en entrar en prisión tras ser condenados.

Según ha adelantado el diario El País, la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión por la especial gravedad de los hechos, ya que el rescate de Novagalicia, adquirida finalmente por el grupo Banesco, supuso un coste para los contribuyentes de 8.269 millones, según el reciente informe del Tribunal de Cuentas.

En septiembre del año pasado, el Tribunal Supremo confirmó las penas de prisión de dos años de cárcel para los exdirectivos de la entidad, que ya había recibido ayudas públicas, si bien reconoció que eran “desproporcionadas por su exigüidad”.

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