Mas de siete mes se tarda el gobierno para poner en marcha la prohibición de los cortes de luz

El nuevo bono social y la prohibición del corte de suministro eléctrico a los hogares más vulnerables entrará en vigor a finales de julio, más de siete meses después de que PP y PSOE anunciaran un pacto para tomar medidas contra la pobreza energética. Pese a que la presión social tras la muerte a causa de un incendio de una anciana sin recursos a la que habían cortado la luz pedía políticas urgentes al respecto, el invierno finalizó sin noticias sobre el nuevo reglamento, que finalmente se pondrá en marcha hasta el mes que viene.
Así lo ha desvelado esta mañana, según recoge Efe, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que ha participado el debate ‘Hacia un nuevo modelo energético’, organizado por el diario El Economista.

 

El texto de la reforma del bono social pactado por Gobierno y PSOE fue probado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre del año pasado, pero su convalidación en el Congreso se retrasó más de un mes debido al paro navideño en el Hemiciclo, hasta el 31 de enero, cuando se celebró un pleno extraordinario. Desde ese día, el real decreto establece un plazo máximo de tres meses para que el Ejecutivo desarrolle el reglamento.

 

No fue hasta principios de mayo cuando el Ministerio de Energía publicó el borrador que actualiza los criterios para acceder al bono social, la ayuda para el pago del recibo de la luz a los hogares con dificultades, en cuya reglamentación se incluye la prohibición de la suspensión de suministro a los hogares con menos recursos.

 

Sin embargo, varias organizaciones, como la Alianza contra la pobreza energética, critican que la protección contra los cortes de luz es escasa, pues se limita a unidades familiares con rentas muy bajas, que estén seguida por Servicios Sociales y cuya Comunidad Autónoma se comprometa a pagar el 50% del recibo de la luz.

 

El borrador se ha encontrado también con la oposición de varios Ayuntamientos, que lo ven insuficiente. Hasta once corporaciones locales, con Madrid y Barcelona a la cabeza, se han unido para presentar alegaciones contra el texto del Ejecutivo.

 

En su opinión, no garantiza el suministro energético mínimo a las familias que lo necesitan y establece unos criterios de acceso que deja fuera a gran parte de la población que necesita esa ayuda.

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